Menores Limpios de Antecedentes.

Tiene 21 años, ha pasado cuatro de ellos en un centro de menores y otros tres en libertad vigilada. Pero dentro de cuatro meses no sólo será un ciudadano más, sino que podrá presumir de tener un expediente limpio de antecedentes penales. A partir de ese día, el 25 de junio de 2010, Rafa García podrá pisar cualquier calle sin cargar con sus antecedentes a cuestas. Éstos habrán desaparecido de su currículum, pero no de su memoria. Ni de la del resto de la sociedad. Porque aunque sea libre, en el fondo él sabe que siempre será recordado como aquel individuo de 14 años que junto a otros tres sujetos violó, atropelló repetidamente, y quemó viva a la getafense Sandra Palo.

Por desgracia, nada de este caso necesita presentación. El próximo 17 de mayo se cumplirán siete años del brutal asesinato de Sandra Palo, una chica de Getafe de 22 años. Tras salir del taller ocupacional y llamar a su madre para informarle que estaba a punto de coger el autobús de regreso a casa, Sandra se encontraba junto a su chico cuando cuatro individuos los obligaron a subirse a un coche robado. A él lo arrojaron primero, y a ella se la llevaron a un sitio ajeno a las miradas para poder violarla repetidamente y atropellarla después en doce ocasiones. Aún estando ella con vida y por miedo a ser reconocidos, los cuatro individuos –tres de ellos menores- decidieron ir a la gasolinera más cercana y comprar un euro de gasolina; gasolina que serviría para quemar viva a una chica que, sin saberlo, murió en el mismo instante en que la obligaron a subir a aquel coche.

Uno de esos individuos, Rafa García - más conocido como El Rafita -, en el momento del asesinato tenía 14 años, y esa fue su mayor suerte. Por ser menor, su condena se basó en cuatro años de internamiento (ya cumplidos) seguidos de tres años de libertad vigilada en un piso tutelado. Y a falta de cuatro meses para que se extinga la pena, la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, sigue luchando para modificar la Ley Penal del Menor, y mira con impotencia a un sistema judicial que protege más a aquellos que cometen delitos de sangre que a las propias víctimas. María del Mar y Francisco, padres de Sandra, viven a la expectativa que llegue el día en que un país entero dé la bienvenida de nuevo a un asesino sin dejar huella de ello en su expediente. Han creado una asociación, han liderado manifestaciones, han recogido numerosas firmas, y cuentan con el apoyo de varios partidos políticos así como de instituciones. Un ejemplo está en el Defensor del Pueblo, Arturo Canalda, que afirma que ‘El proceso de reinserción de El Rafita no funciona’. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha lamentado que ‘algunas personas, por llamarlas así, puedan volver a delinquir y quedar impunes’. Dos opiniones se contraponen a las del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que descarta endurecer la Ley del Menor por ‘un caso concreto o dos’. Por otro lado, la madre de El Rafita, Manuela Fernández, ha recriminado a los periodistas que por su culpa tendrán que irse a vivir a otro sitio. ‘No hacéis más que sacar su imagen y contar mentiras’. Una realidad vista desde diferentes puntos que, sin lugar a duda, no deja a nadie indiferente.

Y es que, ¿acaso una persona es suficientemente mayor para asesinar a otra, pero no para pagar por ello? Está claro que la reinserción funciona en algunos casos, pero en el caso de El Rafita y todos aquellos menores que siguen sus mismos patrones, los años de internamiento sirven solamente para poder dejarles impunes de cara a otro delito penal.

En el caso de El Rafita, en 2007 finalizaba su internamiento, y el juez que debía decidir su puesta en libertad recibió unos informes que explicaban que el joven había aprendido a comer con cuchillo y tenedor, las normas básicas del aseo, y que mostraba interés por la carpintería. Otros informes evidenciaban que había recibido numerosas sanciones por actitudes agresivas, que su autocontrol es bajo, y que tiene un pensamiento egocéntrico. Pero la ley, para bien o para mal, es aplicable a todos por igual, y a él se le permite dejar atrás el asesinato que cometió, para poder empezar de cero. De hecho, Prisiones, la institución que tiene que supervisar a El Rafita desde el 28 de enero, le ha ofrecido ya trabajo. Pero antes tiene que responder ante la justicia de nuevo. Y es que en los últimos ocho meses ha sumado cinco actuaciones que le sitúan como imputado en dos delitos de robo con fuerza en un domicilio y un vehículo; dos tentativas de robo en dos coches; y un intento de usurpación de domicilio.

La familia de Sandra Palo sigue luchando para que se haga Justicia y se condene realmente ya no la muerte de su hija, sino la de todas las víctimas que han sido agredidas y/o asesinadas en manos de menores. Luchan para que los Rafitas dejen de quedar impunes y que, como cualquier persona que atenta contra otra, pague por sus actos. Saben que la Justicia no les devolverá a aquella chica rubia de 22 años y mirada angelical, pero los padres de Sandra Palo, con el apoyo de millones de españoles, no piensan tirar la toalla hasta que se modifique la Ley Penal del Menor.

Pero por ahora, solo cabe hacer un hueco entre nosotros a un asesino que, nos guste o no, ya ha pagado por sus actos y que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a transitar por cualquier rincón del país. La diferencia está en que no solamente asesinó, sino que incluso siete años después de ello ha demostrado que sigue siendo capaz de cometer delitos sin importarle las consecuencias. Toda una prueba de que la Ley del Menor, por ahora, funciona al 100%. Y que cada cual lo interprete como quiera.

Eli Parera Campins.
Periodista.